Javier Solís
Tengo que tocar hoy un asunto personal, por razones éticas y de vida pública. Nunca he sido convencional. Siempre polémico y defensor ardiente de mis convicciones. En las luchas ideológicas me he encontrado varias veces con políticos y pensadores. También periodistas que dicen no ser lo uno ni son lo otro. A propósito del memorándum Casas-Sánchez sobre la metodología de la campaña oficial sobre el TLC me encontré con el exjefe editorial de La Nación.
Le
reclamé haber legitimado en un primer momento el contenido del escrito. Sólo
condenó la forma subrepticia como se hizo público. No
pudo sostener su posición ante la avalancha nacional de condena a la ética famoso memorándum.
Pero en dos correos personales que nos cruzamos durante la polémica trató de silenciarme -eran ya tres veces-, amenazándome con volver hacer público un artículo en el que según él, se me acusaba de agresor doméstico y de género. Ese artículo, firmado con seudónimo, estaba totalmente legitimado y no representa más que la etapa de un proceso por el que pasan o deberían pasar muchas mujeres y hombres, muy lejos de ser materia de chantaje contra nadie. Extrañamente La Nación nunca publicaba artículos de opinión firmados con seudónimos. ¿Por qué esta excepción? ¿Tendría ya alguna intencionalidad? Los correos me los guardo, por ahora. Pero el
artículo está aquí para todo el quiera verlo.
El periódico o el polemista o editorialista que amenaza a quien le critica con chantaje sobre hechos falsos es inmoral. Se trata de un hecho contemplado en la ley. El ejercicio del periodismo es un servicio público que no puede ser arbitrario ni fuera de la ley.
Sólo pretendo documentar un asunto de orden público. Amén.